Tiene Congreso facultades para atender violencia político-electoral
- Por: Raymundo Fernández --
- 08/07/2024 @ 16:24 --
- Mexico
MORENA, el PRI y el PAN fueron los partidos con más atentados y candidatos asesinados del pasado proceso electoral.
Ciudad de México.- El Congreso tiene facultades para incidir en la atención de la violencia político-electoral, por medio de cambios legislativos y nombramiento de magistrados electorales.
Investigaciones sobre la violencia político-electoral de los últimos años muestran un continuo incremento de la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales, destaca un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Aspectos generales de la violencia político-electoral en el proceso 2023-2024”, elaborada por la investigadora Susana Ramírez Hernández, señala que múltiples estudios realizados con distintas metodologías, confirman el aumento de las agresiones, asesinatos y otras formas de violencia en el marco de las contiendas electorales.
Por ejemplo, de acuerdo con un estudio elaborado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, de 2018 a 2023 se observó una tendencia al alza de los eventos de violencia político criminal, reportando un acumulando total de mil 373 eventos en dicho período.
Mientras que para el proceso electoral de 2023-2024, según Laboratorio Electoral, se registraron 318 agresiones que abarcan asesinatos, amenazas, atentados y secuestros, tan solo entre el 4 de junio de 2023 y el 29 de mayo de 2024.
En números de asesinatos MORENA fue el partido más afectado con 11 homicidios, seguido del PAN con 8. En el caso de los atentados, las y los candidatos de MORENA fueron víctimas de 16 y los del PRI de 9.
En este tenor, la investigación del IBD concluye resaltando la facultad de legislar de ambas Cámaras para fortalecer las normas en materia de delitos electorales, sobre los procedimientos y competencias para atender el problema de la violencia política y las sanciones que contribuyan a desincentivar su presencia en los procesos electorales.