Sindicatos deben integrarse a registro nacional para transparentar información

La ciudadanía en general podrá accesar toda la información de contratos colectivos, dirigencias sindicales, reglamentos interiores de trabajo, entre otras

Ciudad de México.- El 3 de noviembre próximo se hará realidad uno de los retos más importantes del nuevo sistema de justicia laboral: tener un registro público nacional sobre toda la actividad de los sindicatos en el país, afirmó el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.

Durante la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del CFCRL, presidida por la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, el director del Centro explicó que el registro operará bajo los principios de máxima transparencia y máxima publicidad, dando acceso a los trabajadores, empleadores y a la ciudadanía en general de toda la información de contratos colectivos, dirigencias sindicales, reglamentos interiores de trabajo, entre otros documentos.

Se trata de concretar el compromiso y el mandato de la reforma laboral de 2019. Y esta función registral, explicó, es independiente de la función jurisdiccional y de la conciliación individual y colectiva que comenzará en 13 estados más en la misma fecha.

En su oportunidad, la presidenta de la Junta de Gobierno, Luisa Alcalde, expresó que de esta manera las funciones conciliatorias arrancarán el 3 de noviembre en los 13 estados de la segunda etapa, que se suman a los 8 estados que integran la primera, empero la labor registral es nacional, por lo que la STPS apoyará con espacios en los 11 estados restantes para que el CFCRL instale módulos de atención y cumplir con este compromiso.

En tanto, la comisionada Ileana Hidalgo, en representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), destacó que está función registral del CFCRL es un importante avance, un paso más en la materia de transparencia y rendición de cuentas a la población en general y específicamente a los agremiados de los sindicatos, quienes contarán con una mayor certidumbre en materia laboral.