Vulnera estado de derecho y soberanía la persecución a Cabeza de Vaca

Considera Presidente del TSJ que este tema de justicia no debe de convertirse en uno electoral, porque debe haber respeto a la legalidad, a la soberanía de los estados y al pacto federal

Saltillo, Coah.- No se respetó el estado de derecho y se pone en riesgo el Pacto Federal, sostuvo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Miguel Mery Ayup, ante la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Lamentó que con este acto del proceso penal que le sigue la Fiscalía General de República (FGR) no se respeta además a la Constitución, ni la soberanía e independencia de las entidades.

“Para que este caso no sea tomado como un tema meramente electoral, las autoridades federales debieron de respetar las decisiones del Congreso local, que no lo desaforó, así como la soberanía de dicho estado”, externó.

Como se sabe, el miércoles se dio a conocer la orden de aprehensión contra el mandatario tamaulipeco aún sin el desafuero que se requiere para su detención, por lo que distintas voces juristas se han pronunciado al respecto de esta inconstitucionalidad perpetrada con tintes políticos.

Resaltó que eso fue dicho en su postura sobre el caso por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien subrayó que se debe de respetar el Estado de Derecho de cada entidad y las decisiones del Congreso local, que en este caso fue el de Tamaulipas.

Mencionó que si se quiere juzgar a un gobernador, si la legislatura local no decidió quitarle el fuero, se debería de respetar la decisión tomada por un estado libre, soberano e independiente que tiene su propia Constitución.

Apuntó que este tema de justicia no debe de convertirse en uno electoral, porque debe de haber respeto a la legalidad, a la soberanía de los estados y al mismo pacto federal que no se ha querido actualizar.

Sobre el particular, indicó que la Constitución local de Coahuila, en su artículo 165 precisa el procedimiento para juzgar a un gobernador, magistrados, jueces, diputados y fiscal, el cual también debe pasar por el Congreso.