Retrocede México más de 20 años en democracia

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La desaparición de organismos autónomos anula los avances logrados.

Ciudad de México.- Eliminar los organismos autónomos es “un retroceso para la democracia en nuestro país”, debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado, coincidieron integrantes del cuerpo académico y de investigación de la Universidad Iberoamericana, quienes llamaron a no destruir lo ya avanzado a lo largo de más de dos décadas en el país, sino a transformarlo por el bien de México.

El posicionamiento de las y los especialistas tiene lugar luego de que el 20 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), cuyas funciones serán asumidas por diversas secretarías de Estado, y cuyos recursos serán destinados al gasto social.

De acuerdo a Ricardo Ortega, Director del Departamento de Derecho de la IBERO, la preocupación de fondo con la desaparición de estos organismos es que el estado se convierta en juez y parte, eliminándolos como piezas de “un cuarto poder” –como los categorizó el constitucionalista Mark Tushnet–, que es capaz de limitar al Estado y exigirle rendición de cuentas.

Sobre las críticas de que los organismos autónomos son costosos o ineficientes, el experto propuso reformarlos para reducir su costo y volverlos más eficientes. “Es fundamental fortalecer su trabajo, pero no desaparecerlos. Con su desaparición pierde la democracia en México”, dijo.

Hace más de 22 años, con la transición a la democracia, México configuró como derechos fundamentales los mecanismos de escrutinio ciudadano para el ejercicio del poder. Creó el andamiaje institucional para transparentar el uso de los recursos y lograr un mejor ejercicio del gasto público. Para ello, creó una autoridad pública, independiente, con conocimiento técnico y solvencia moral, el IFAI (hoy INAI).

Con su desaparición, Diego García Ricci, profesor-investigador y Procurador de Derechos Universitarios, plantea que la desaparición del organismo resulta preocupante porque implicará un cambio en la forma como ejercemos el acceso a la información y la protección de datos personales, “y debilitará la participación ciudadana que hasta hoy tenemos ganada”, ya que la autoridad que vigile estos derechos “debe ser una aliada de las y los ciudadanos. No puede ni debe quedar dentro de la verticalidad de la Presidencia de la República, como pudiera ser una Secretaría de Estado”.

Aunado a ello, antes del 2002, al preguntar el número de personas que vivían en pobreza en el país, había múltiples respuestas de académicos que estudiaban el tema. Uno podía argumentar que el 10 por ciento de la población padecía pobreza, mientras otro daba un porcentaje de 80 por ciento.

A inicios del siglo tampoco se podía conocer si los programas sociales estaban cambiando la vida de las personas. Se sabía cuántos litros de leche repartía Liconsa, pero no si se mejoraba la anemia de las y los niños. Todo eso cambió con la creación del Coneval en 2004, cuyo mandato es medir la pobreza de forma distinta y evaluar los programas sociales y la política social en su conjunto.

Así lo explicó Graciela Teruel Belismelis, Directora de la División de Estudios Sociales de la IBERO, ex consejera e integrante fundadora del Coneval, junto con otros cinco académicos del país, quien destacó que gracias a la información que generó el Consejo “fue posible cerrar programas, abrir nuevos y mejorar aquellos que no funcionaban del todo bien”.

Al abordar su relevancia, Teruel destacó que la información que proporciona el Coneval es “transparente y muy valiosa”, ya que permite a la ciudadanía conocer los niveles de pobreza, monitorearla a lo largo del tiempo y conocer en qué se está gastando y si se está gastando bien. “Es un sistema de evaluación único en el mundo, que fue retomado por otros países a nivel internacional”.