¡AL HUESO!

Reino de la venganza

Sin una reflexión colectiva de expertos en derecho, surgida del ansia de venganza de López Obrador contra la Suprema Corte, que ha puesto límite a su autoritarismo y su desprecio por los límites de la ley, la propuesta de reforma al Poder Judicial es un peligroso adefesio

"Donde hay poca justicia tener la razón es un peligro". Francisco de Quevedo.

En su perorata diaria del pasado lunes 8 de julio, el Presidente López Obrador puso la cereza en el pastel de chocolate amargo que representa su iniciativa de reforma al Poder Judicial, al señalar que en su opinión la formación profesional continua y la experiencia no deben ser requisitos necesarios para ejercer como impartidor de justicia.

En su opinión, expresó, los jueces deberían ser básicamente alumnos recién egresados de las facultades de derecho. Calificó como error personal y de sus asesores haber dejado en el proyecto el requisito de 5 años de experiencia, incitó a que sus parlamentarios esta vez desobedezcan el “no cambiar una coma” y borren la exigencia.

Con una carrera sacada a trastabillones en 14 años en la UNAM, no debería extrañar su desprecio por la formación profesional de calidad, actitud refrendada en no pocas ocasiones durante el sexenio, al minusvalorar cualquier mérito académico.

Solo así, de paso, se puede entender que haya designado y mantenido al frente del CONACYT a María Elena Álvarez-Buylla, troglodita que ejerció una inmoral y vergonzosa labor de demolición de la institución que debe impulsar la investigación en el país. 

Ante los dichos del mandatario, con mucho colmillo Joaquín López Dóriga le preguntó en su columna diaria si al sufrir el infarto cardíaco, o cuando tuvo que ser trasladado de urgencia tras desvanecerse en Yucatán, había solicitado pasantes médicos o había recibido atención de especialistas altamente calificados.

El principal defecto de la propuesta de López Obrador es que no nace de una reflexión colectiva de expertos, sino de una venganza personal, otra manifestación de su hígado.

Tirios y troyanos coinciden en que el sistema de justicia requiere una reforma integral. Sin embargo, una vez más la conducta manipuladora que López Obrador está presente en la arremetida contra el poder judicial, con una iniciativa basada en populismo, cargada de bilis, improvisada, con infinidad de errores y contrasentidos.

Le ha servido para dos objetivos. El primero, cobrar venganza por los agravios de una mayoría de ministros encabezados por Norma Piña, que han puesto fin temporal a la sumisión ejercida descaradamente por Arturo Zaldívar y han parado algunas de sus violaciones legales, justificadas por él con ese “no me vengan con que la ley es la ley”.

Otro, aprovechar el mal ánimo que en la población predomina acerca de la justicia en el país para crear una polémica, que opera como nube de humo en el objetivo amsiado, lograr una sobrerrepresentación legislativa para obtener mayoría calificada en el Senado.

Lo cierto es que el sistema de justicia en México es un antiguo pendiente, cuna de temor y de decepción para los ciudadanos, que desde antiguo lo han caracterizado como “la jabonería”, donde lo mismo resbalan los acusados que las víctimas.

No obstante, el común de los ciudadanos no diferencia las instancias y asimila al Poder Judicial con la función procuradora, donde realmente están el origen y la mayor gravedad de la problemática. Y de eso se aprovecha López Obrador.

Ello, porque ser parte el aparato de una procuración que muy poco procura, ha sido, es y seguirá siendo un negocio de no haber un cambio radical, que llevará tiempo, por lo difícil que es moralizar cuando hay corrupción política y económica enraizada en toda su escala, lo mismo en la hoy Fiscalía General de la República que en sus símiles de los estados. 

El resultado de esa función fallida, en que se mezclan incapacidad funcionaria con temor ciudadano está en las cifras: El índice Global de Impunidad indica que en persecución y castigo del delito México es el cuarto peor país en el mundo y el último de América.

De cada 100 delitos cometidos en el país, los ciudadanos solo denuncian 6.5 y si se toman como referencia 100 de los delitos denunciados, finalmente solo se resuelven 14, lo que en definitiva es menos del 1% de los hechos ilegales cometidos. Eso en la procuración, porque la impartición no está mejor: 40% de los presos del país están sin sentencia.

Mal pagados, con formación deficiente, los que ingresan desde simples agentes o de ministerios públicos pronto olvidan -casi sin excepciones- el prestigio profesional o una carrera profesional que flota en la cuerda floja por razones políticas, y pasan a la media de esperar que caiga en sus manos algún redituable asunto.

Como asentó Mario Moreno, ahí está el detalle. En la generalidad de las consignaciones por delitos relevantes y de impacto, las inconsistencias e incongruencias, por mala calidad de los funcionarios o por “arreglos”, llevan a que las acusaciones deban ser desestimadas por los jueces o dejan resquicios para ser aprovechados posteriormente por los culpables.

En manos de López Obrador, apoyado en su populismo, esa ha sido precisamente una herramienta para lanzar diatribas contra los jueces, no para proponer un cambio en el sistema judicial a partir de una reforma que comience en la procuración.

Una más de las razones de fondo de la arremetida es lograr el control del Poder Judicial, para asegurar la inmunidad que perderá al dejar la silla presidencial, dado que deberá enfrentar no solo demandas directas de agraviados por sus abusos y agresiones, sino también por la tolerancia a la corrupción en su entorno, comenzando por la de sus hijos.

Como en otros casos, el problema está en la debilidad de la posible oposición a sus intentonas, con partidos como el PRI y el PAN enfrascados en las luchas intestinas por el control de los esqueletos, y organizaciones civiles desarticuladas.

En cambio, Morena y sus aliados desarrollan una intensa campaña para generar apoyo con base, como siempre, en el engaño inmoral, atemorizando a la gente con la especie -entre otras- de que si permanece el actual Poder Judicial, van a derogar los programas del bienestar.