Pueblos indígenas ejercerían derechos contra Reforma Judicial

Jaime Martínez Veloz.

Plantea Martínez Veloz acciones jurídicas que se podrían emprender al no haberse realizado una consulta inclusiva

El debate sobre la reforma al Poder Judicial en México ha tomado un nuevo rumbo con la reciente carta abierta de Jaime Martínez Veloz dirigida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. En este documento, Martínez Veloz expone su profunda preocupación por las implicaciones que tendría la reforma en los derechos de los pueblos indígenas, quienes representan una parte fundamental de la identidad nacional.

Martínez Veloz enfatiza que México es una nación pluriétnica y pluricultural, con una población indígena que, según datos del INEGI de 2015, representa el 21.5% del total de los mexicanos. Este grupo, que abarca una diversidad de lenguas y culturas, ha luchado históricamente por el reconocimiento y la protección de sus derechos. Sin embargo, la reforma propuesta por el Ejecutivo podría socavar años de avances en este ámbito, al no considerar la necesidad de llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con las comunidades afectadas.

El ex diputado federal destaca que, de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas. En este sentido, la falta de consulta previa sobre reformas legislativas que impactan directamente sus derechos podría ser considerada una violación constitucional. Esto abre la puerta a diversas acciones legales que las comunidades pueden llevar a cabo para defender sus intereses.

Martínez Veloz señala que, aunque no se puede interponer un amparo directo contra una reforma constitucional, sí es posible recurrir a un amparo indirecto basado en la falta de consulta. Los pueblos indígenas tienen la opción de presentar acciones de inconstitucionalidad ante el poder legislativo o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o incluso acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre y cuando se agoten los recursos internos.

Además, la carta plantea la necesidad de crear un espacio de diálogo real y efectivo entre el Gobierno y las comunidades indígenas y afromexicanas. Es fundamental que estas voces sean escuchadas antes de tomar decisiones que impactan su autonomía, tierras, cultura y sistemas normativos. La participación activa de las comunidades no solo es un derecho, sino una condición para lograr una reforma judicial verdaderamente inclusiva y justa.

La alerta de Martínez Veloz también subraya el temor de que la nueva reforma convierta en legales las intervenciones arbitrarias del Estado en torno a los derechos de los pueblos indígenas. Con la reforma, el Poder Judicial podría quedar supeditado al Ejecutivo, lo que limitaría los espacios de defensa que históricamente han utilizado las comunidades para enfrentar el despojo y las injusticias.

La carta se cierra con un llamado a la presidenta de la Suprema Corte para que no se ignoren las voces de los pueblos más vulnerables de México. La defensa de sus derechos es un asunto urgente que requiere atención inmediata. Los pueblos y comunidades indígenas están dispuestos a recurrir a todos los medios legales disponibles para asegurar que su derecho a la consulta y la libre determinación sean respetados.

La situación actual es un recordatorio de que cualquier reforma que aspire a reinterpretar los cimientos del sistema judicial debe hacerse con la inclusión de todos los sectores de la sociedad, en especial aquellos que han sido históricamente marginados. Las acciones jurídicas que se emprendan tras la aprobación de esta reforma serán, sin duda, un testimonio de la resistencia y de la demanda de justicia de los pueblos indígenas en México. La reforma judicial no debe ser un paso en falso hacia el autoritarismo, sino un verdadero proceso de transformación que contemple la diversidad y los derechos de todos los mexicanos.