Presentan solicitud de regulación de anexos ante el Congreso

Considera Edith Hernández que se trata de un mal necesario ante el incremento en el consumo de drogas y alcohol entre la población.

Saltillo, Coah.- Luego de señalar que en Coahuila las autoridades sanitarias han aceptado que la mitad de los anexos que operan lo hacen desde la clandestinidad, la diputada Edith Hernández Sillas presentó una iniciativa ante el Congreso para que los centros de rehabilitación privados sean regulados.

Lo anterior se da luego de que se han demostrado casos de violación de los derechos humanos entre los internos.

Dijo que al aumentar el número de adictos al alcohol o sustancias prohibidas, estos centros se convierten en un mal necesario por lo que  deben ser sometidos a control bajo un reglamento que vigile la autoridad sanitaria.

En la exposición de motivos se señala que en la primera mitad del 2023 nueve personas habían muerto demostrándose entre las causas aparentes de fallecimiento los  golpes recibidos, desnutrición, infartos, suicidios y muertes por aparentes causas naturales. 

Resalta el hecho de que en todos los casos el personas del anexo no contaba con capacitación para manejar pacientes de estas características y desconocían los protocolos para atender, por ejemplo, a pacientes violentos o que sufren alteraciones por la abstinencia, así como a quienes presentan enfermedades crónico degenerativas por la edad y el abuso de sustancias.

Hernández lamentó que en Coahuila muchos testimonios de las víctimas de los anexos clandestinos y de los familiares de éstos, revelan graves violaciones a derechos humanos como privación ilegal de la libertad, ya que son ingresados a estos sitios contra su voluntad. 

Aunado a ello, sufren persecución y acoso de los llamados “padrinos”, que buscan a los pacientes que han sido dados de alta y los hostigan para anexarlos nuevamente, sea que hayan recaído o no en las drogas.

Maltratos físicos y castigos degradantes, como mantenerlos de pie mucho tiempo, dejarlos sin comer, obligarlos a realizar actividades de limpieza, aseo de baños o ejercicios extenuantes y privarlos del sueño.

Además, castigos a base de golpes, tortura psicológica, hacinamiento y condiciones insalubres; chantajes y amenazas a los pacientes o a sus familiares; alimentación deficiente, de bajo contenido nutricional; presión para mantener al paciente en el anexo aunque ya muestre signos de recuperación y sea candidato para ser dado de alta. Y en algunos casos, abusos sexuales.

La diputada mencionó que la Secretaría de Salud del Estado ha declarado que únicamente hay 76 centros de rehabilitación regulados y se considera la existencia de 200 centros más que podrían estar en operación clandestina, entre estos la autoridad sanitaria aceptó  que mientras no se presente una queja no hay forma de detectarlos.

Ante esto urgió a que se regulen las condiciones de los centros, tanto en infraestructura como en funcionalidad, además de que se cuente con personal capacitado y certificado con supervisión médica.

Aunado a ello, la legisladora destacó la necesidad de que  las autoridades estatales y municipales en materia de salud, seguridad pública y derechos humanos, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, indistintamente, vigilen de manera conjunta  que en dichos centros no se violen los derechos humanos de las personas y, en su caso, hacer las denuncias correspondientes.