Presentan en el Senado iniciativa para limitar prisión preventiva oficiosa

El Senado reiteró que analizará esta propuesta presentada por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Dichos recursos legales han provocado que existan más de 93 mil personas privadas de su libertad y sin una sentencia, reiteran legisladores

Ciudad de México.-Ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el senador Clemente Castañeda Hoeflich presentó una iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con el objetivo de limitar la figura de la prisión preventiva oficiosa y eliminar el arraigo. 
Dichos recursos legales, denunció, han provocado que existan más de 93 mil personas privadas de su libertad sin una sentencia, sin acceso a una defensa adecuada, en la mayoría de los casos por la desigualdad que se vive en México. 
“En nuestro país la presunción de inocencia se viola todos los días y, hay que subrayarlo, los pobres son los primeros que lo pagan. Además de la injusticia, la prisión preventiva oficiosa representa uno de los mayores fracasos del sistema de procuración de justicia en nuestro país”. 
En ese sentido, el senador aseveró que tenemos un sistema judicial “atrapado en la prehistoria” y que no se moderniza, lo que se debe en gran parte al abuso de la prisión preventiva oficiosa que mantiene en la postración y en la mediocridad a las autoridades de procuración de justicia. 
La propuesta establece que las autoridades judiciales podrán decretar las medidas cautelares establecidas y reguladas por la ley cuando se acredite la existencia de indicios suficientes que vinculen a la persona con los delitos en cuestión y sean necesarias para proteger la vida y la integridad de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia. 
Además, plantea que las medidas cautelares que emita la autoridad judicial deberán ser justificadas en su duración temporal, modalidad, lugar y fines específicos para el éxito de la investigación. 
También, propone que la autoridad judicial competente y los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, apartado B, de esta Constitución, revisarán la aplicación de estas medidas de manera oficiosa, garantizando la prevención de violaciones a los derechos humanos en su ejecución. 
Clemente Castañeda aseveró que las y los senadores tienen la enorme tarea de corregir nuestro sistema de administración de justicia, así como adoptar una mayor disposición para tomar decisiones orientadas a que a las y los ciudadanos les vaya mejor.  
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.