¡AL HUESO!
Peor de lo mismo
En una sociedad acostumbrada a buscar resquicios para soslayar el cumplimiento de toda norma, que la titular del Poder Ejecutivo afirme que no acatará mandatos judiciales “en nombre del pueblo”, es una ominosa señal, que sepulta la institucionalidad acompañada de la liviandad y prepotencia con que sus legisladores manosean la Constitución.
“Preocupa el desviacionismo de derecha, pero más el de izquierda”. Deng Xiaoping.
"Nosotros vamos a actuar siempre en el marco de la ley; siempre, no vamos a entrar a una situación fuera del marco de la ley”.
Proferida por la mandataria días después de haber señalado que no acataría el mandato judicial que ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial, dado que está sometida a revisión de procedimiento por la Suprema Corte, el compromiso representa una más de las contradicciones -por decir lo menos- que han poblado las cuatro primeras semanas del nuevo gobierno.
El desacato, arropado en la fantasmagórica y discutible idea de que tiene como respaldo la voluntad de “el pueblo” en las urnas, es una muy desafortunada señal de la gobernante ante una sociedad que se caracteriza, precisamente, por la constante búsqueda de resquicios para eludir cualquier norma legal, desde un simple ordenamiento municipal hasta la Constitución.
Visto este breve lapso -faltan a hoy 2,164 días de administración-, se comprueba que en la anterior había vallas virtuales controladas desde la perfidia de palacio, para contener o soltar la jauría de acuerdo a lineamientos claros, marco que ha desaparecido y hoy cada cuadro del morenismo se cree libre de correr por su cuenta.
Lo demuestra la cuando menos penosa carrera de emulación entre los líderes camarales, para generar “puntadas” con las cuales blindar de cualquier cuestionamiento las decisiones del legislativo, principalmente en torno a las cada vez más irresponsables modificaciones a la Constitución.
Pequeño matiz, aunque como profesor de derecho constitucional debió ser el primero en recomendar calma y en cambio se subió entusiasta a la imparable aplanadora legislativa, desde el liderazgo de la Cámara de Diputados Ricardo Monreal consideró que Adán Augusto López, jefe de la manada en el Senado, había generado un nuevo potencial conflicto internacional con su propuesta de reformar el Artículo 1 de la Carta Magna en materia de derechos humanos, contraviniendo los tratados suscritos por México.
La señal de alarma llegó a los salones de Palacio Nacional y, al menos en ese punto, la instrucción fue poner marcha atrás, aunque el manoseo de la Constitución para acomodarla a tiempos e intereses puntuales de dominio se mantuvo.
El episodio, sin embargo, demostró como las prisas por imponer sin reservas la voluntad de una mayoría circunstancial, desemboca en procesos legislativos llenos de errores y suciedades, que agregan parches sobre parches a una Constitución ya de por si calafateada sexenalmente durante el período priísta y el panista.
Aunque cabe señalar que nunca se llegó a los vergonzosos niveles actuales.
Si justificar ese pasado que llegamos a creer superado, debe reconocerse que al menos había cierta responsabilidad jurídica en los procesos de gestión de las reformas, con voces cuestionadoras al interior del mismo partido y el intento de lograr el concurso de la oposición, así fuera parcial.
La lógica jurídica y la experiencia histórica en todo el mundo han probado que los procesos de reforma constitucional de gran calado, como lo es en este caso la reformulación del Poder Judicial para sujetarlo a intereses puntuales del Ejecutivo, deben abrirse a la opinión calificada de especialistas y a la generación de un nivel de consenso ciudadano en un proceso calmado y regulado de reflexión.
Nada de ello ha ocurrido en este caso, porque predominan de una parte la bilis de un exmandatario que vio limitado su voluntarismo por tribunales que aplicaron la ley y, también, por la ansiedad de su sucesora de seguirle los pasos y someter a su control a jueces que ve como una piedra en su zapato autoritario.
Poco raciocinio se puede esperar en estos momentos para frenar la debilitación jurídica del país -con sus múltiples impactos colaterales en todos los órdenes de la vida nacional- cuando la oposición enfrascada en sus propias crisis internas no pasa de buscar como acomodarse para seguir agonizando en la nueva realidad.
Menos aun, cuando ni siquiera uno de los juristas que forman filas en la mayoría política actual es capaz de levantar la voz, para advertir los contrasentidos legales en las iniciativas o el daño histórico que se está generando.
Señala el viejo refrán que “si camina como pato, nada como pato y grazna como pato, definitivamente es pato”, y en este caso es un autoritarismo que camina a paso acelerado hacia un modelo de dictadura.
No son buenos los augurios para México y esa pequeña muestra de vulgaridad política que causó hilaridad en Harvard, para nuestra sociedad de gelatina es la imagen de un drama futuro que, imparable, la mayor parte de la sociedad mira impasible.