Modelo de compras de CFE genera riesgos de corrupción

El "dictamen de excepción" al que alude la CFE al convocar a un procedimiento de adjudicación directa, incumple con lo establecido en el plan anticorrupción de la empresa, señalan analistas de "México Evalúa".

Investigadoras de México Evalúa señalan no hay sustento para las excepciones a los procesos de competencia, y se incumple además con el programa anticorrupción de la propia paraestatal

Sabinas, Coah.- Contrario a lo que establece su Ley interna y a lo que postula su programa anticorrupción, la Comisión Federal de Electricidad recurre nuevamente a la adjudicación directa como mecanismo para adquirir carbón, con lo que persisten los riesgos de corrupción que han alertado diversas instancias.

En los procedimientos que inició la semana anterior la paraestatal para adjudicar pedidos por más de tres millones de toneladas de carbón a surtir en los próximos 30 meses, no se observa una justificación real de la excepción del proceso de licitación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo señalan Ana Lilia Moreno, Coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, y Viviana Patiño Alcalá, investigadora de la misma asociación.

Moreno González y Patiño Alcalá participaron en la investigación que este centro de análisis de las políticas públicas realizó con el auspicio del Centro para la Empresa Privada Internacional, sobre el proceso que en 2020 llevó la Comisión Federal de Electricidad para la compra de dos millones de toneladas de carbón por dos mil millones de pesos.

A partir de los hallazgos de su investigación, publicada en el documento “Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la CFE: El caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila”, se les pidió su opinión sobre los nuevos procedimientos de adjudicación directa que la semana pasada inició la Comisión.

Al respecto señalan, “Esta política persiste, las invitaciones a los productores a presentar sus ofertas siguen la misma lógica del 2020” y en esa situación advierten que prevalece el riesgo potencial de corrupción, al no existir una figura jurídica que justifique no se realicen licitaciones como dicta la ley.

“Que esta situación se perpetúe nos indica entre otras cosas que pese a las observaciones que hemos hecho y que se han hecho desde muchísimos otros ámbitos, como desde la Auditoría Superior de la Federación y desde medios de comunicación que han señalado problemas con las adjudicaciones, la Comisión insiste en tomar el mismo tipo de decisiones y no ha rescatado las observaciones que hemos hecho en el sentido de priorizar los procesos con competencia”, señalan.

México Evalúa propuso que por ley todas las excepciones pasaran por el subcomité de excepciones de compras de bienes y servicios, pero eso sigue sin ocurrir, “la única diferencia es que para 2022 se presenta con mayor formalidad y firmada digitalmente por cuatro funcionarios de la CFE”.

Con la información disponible, no quedan claros los argumentos del dictamen de excepción al concurso abierto mencionado en las solicitudes de oferta disponibles en el micrositio; o si este fue emitido por el Subcomité de excepciones. Esto es de vital importancia para conocer el razonamiento de la CFE sobre los beneficios que traen las adjudicaciones directas a la población en contraste con los concursos abiertos.

Desde 2020 la empresa productiva del estado invoca la fracción novena del artículo 80 de la Ley de la propia CFE, que de acuerdo con las investigadoras es “una fracción muy ambigua y muy grande, que es una excepción al proceso de competencia que se debe aplicar en las compras públicas, por un tema constitucional y la propia ley de la CFE, y esa fracción permite que casi cualquier compra que la CFE quiera hacer de bienes o servicios pueda exceptuar los procesos de competencia abierta”.

La fracción dice a la letra: “Se trate de la adquisición de bienes para su comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que realice en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en las disposiciones aplicables”

Esa fracción, señalan, no es congruente, con el programa anticorrupción que dice debe prevalecer un proceso de competencia. El sentido principal de lo que ha emitido legislativamente la CFE y de lo que ha puesto en su programa anticorrupción es hacia los procesos de competencia y hacia que se aminoren las excepciones a estos, pero en la práctica ocurre lo contrario.