Legislan en el Senado para proteger patrimonio cultural de comunidades indígenas y afromexicanas

Kikapúes y Mascogos, asentados en Coahuila, entre las comunidades que se verían beneficiadas

Ciudad de México.- La Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Este ordenamiento confiere a los pueblos y comunidades el reconocimiento de la propiedad colectiva de las expresiones de su patrimonio cultural, tangible e intangible, y la posibilidad de determinar el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación por parte de terceros.

La propuesta de Ley mandata que esta propiedad será inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, y que sólo podrá ejercerse de manera colectiva por los propios pueblos y comunidades, con base en su libre determinación y autonomía.

Los senadores precisaron que este proyecto no regula la forma en que se organizan las comunidades para trabajar los elementos de su patrimonio cultural al interior de las mismas, sino que se enfoca en el uso, aprovechamiento, comercialización e industrialización por parte de terceros.

Además, establece que, para la debida salvaguarda y protección jurídica de los elementos de la cultura e identidad, participarán la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

De esta forma, se crea un mecanismo jurídico que protege de la apropiación indebida o el uso y aprovechamiento no consentido de las expresiones del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Posteriormente, los integrantes de la Comisión también aprobaron un dictamen para que las instituciones de seguros tengan prohibido negarse a recibir una solicitud por razones de origen étnico, nacional, religioso, de preferencias sexuales o discapacidad.

Este dictamen, que reforma la Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas y de la Ley sobre el contrato de Seguro, establece que se deberán promover la igualdad de oportunidades de acceso a los productos de seguros y eliminar cualquier práctica discriminatoria.

Para ello, se precisa en el documento que dichas instituciones diseñarán productos adecuados para las personas con discapacidad y llevarán a cabo un proceso de selección de riesgos que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.