¡AL HUESO!

La ley aún es la ley

Con López Obrador a la cabeza, el oficialismo insiste en que la venganza judicial es hecho consumado y violó mandatos judiciales para acelerarla. Y no es así. Juristas dentro y fuera del país, han señalado que en su imposición con malas artes se violaron procedimientos y también compromisos firmados por México, como la consulta previa a los pueblos indígenas.

“La política es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”, dijo López Obrador. “Para eso hay que comenzar por tener principios”, le respondió Juan Pueblo.

Estimada lectora, estimado lector: ¿Algunos de los diputados o senadores que dicen representarlo antes de emitir voto le consultó, de alguna manera, su opinión sobre cambios constitucionales tan trascendentes como la reforma judicial o la desaparición de los organismos autónomos de control?

La respuesta obvia es un rotundo NO, porque ese tipo de conducta ética no está en el ADN de nuestros políticos. Ni siquiera tal responsabilidad es mencionada en sus campañas electorales. Y hoy nos encontramos ante hechos consumados, que pueden cercenar nuestra vida democrática y ante los cuales fuimos simples espectadores.

En ese contexto cabe postular, en contrapartida y con urgencia, una obligación legal para que los legisladores deban consultar, con su base ciudadana de origen, el sentido de su voto ante decisiones fundamentales, como lo es una reforma constitucional. Ese sí es un ejercicio de soberanía popular y no las votaciones populistas de mano alzada en plaza pública, instauradas por el Presidente y avaladas por su pupila. 

Con persistencia de los malévolos, López Obrador usó las peores artes para culminar la obra más negativa de su mandato y nos llevó a que al final de su sexenio hayamos superado a la Venezuela de Maduro y deja en manos de una sucesora sumisa y acotada, la temible posibilidad de que caminemos a superar en males a la Nicaragua de Ortega.

La aprobación de la reforma judicial, en un escandaloso proceso legislativo, lleno de ilegalidades y excesos de poder, cuyo capricho de fondo definió con precisión el dirigente de Morena Mario Delgado al considerarlo “regalo de despedida para López Obrador”, ha dejado mal ánimo en el país y la sensación de impotencia ante hechos consumados,

Y no es así. Como dijo aquel militar y político de bicornio, “el campo de batalla es una escena de caos constante” y la lucha democrática en México sigue vigente. 

Han señalado los más prominentes juristas del país, en términos absolutos la propuesta aprobada por los diputados y senadores de la mayoría, que en muchos casos no la leyeron o no la entendieron -porque saben de violar leyes, no de aplicarlas- está lejos de conducir a un mejor poder judicial o eliminar los actuales vicios y limitaciones.

Está claro, eso que la lambisconería morenista festina como “un regalo”, para el obsequiado es la culminación de una venganza contra juristas que pusieron alto en el marco de la ley a sus ansiedades de hacer y deshacer con poder absoluto. Es, además, la búsqueda de un escudo frente a los procesos judiciales que le esperan.

De no ser así, la ruta de una reforma racional del sistema judicial mexicano habría comenzado por la raíz del problema, la procuración que, en todos sus niveles, desde las policías y el ministerio público a los ahora denominados fiscales, navega en mares de corrupción y para el ciudadano es la primera nugatoria de la ley. 

Todo el proceso, en el estilo del sexenio que fenece, fue envuelto en palabrería populista de entregar mayor poder y control al pueblo, a través de la elección de los juzgadores.

Con ironía, Diego Valadés, jurista reconocido, dejó al trasluz la mascarada: “…está planteando que haya campañas, lo cual es inusitado. ¿Qué es lo que puede ofrecer un candidato a ministro, magistrado o a juez? ¿Sentencias indulgentes? Además, se señala que no tendrán ningún apoyo en cuanto a recursos, de manera que tendrán que pedir prestado, recibir regalado o utilizar su propio patrimonio”.

Evidencia de vulgaridad legal, ante la que sin embargo aún hay litis y nos encaminamos a un conflicto mayor.

En una opinión compartida por constitucionalistas, lo posicionó entre otros el doctor José Elías Romero Apis, al establecer que hay espacio legal para contener la aberración lograda con malas artes por López Obrador, en un proceso que pondría el esperpento jurídico bajo la lupa de la actual Suprema Corte, donde esperemos no habrá Yunes.     

“Nunca debemos olvidar que la Constitución no dice lo que dice, sino que dice lo que la Suprema Corte dice que dice”, anticipó el jurista citando un viejo adagio abogadil para asentar que, en el actual diferendo entre dos poderes soberanos -legislativo y judicial-, en definitiva llevará la legitimación o derogación de la reforma al propio máximo tribunal, como garante de la ley fundamental. 

Con razonamientos y ejemplos, asentó que solo un poder constituyente -y no el legislativo- tiene la potestad de aprobar cambios en aspectos fundamentales de la Constitución, como las garantías a que tiene derecho el ciudadano y lo es la de obtener justicia, en lo que corresponde entrar en escena a la Suprema Corte, que tampoco puede reformar la Carta Magna, pero sí evitar que se cambie sin sólido razonamiento jurídico.

Los caminos para llegar a ese nivel, que ya preocupan en Palacio, están en que la propia Corte haga valer la obligación de consultar a los pueblos indígenas, que no se cumplió, y a lo que el Estado Mexicano está forzado por tratados internacionales. Puede, por tanto, suspender la aplicación de la reforma al admitir una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, a partir de vicios en el proceso.

Con este episodio vergonzoso en la vida política nacional, López Obrador, de la mano de los Yunes y el senador Barrera, los dirigentes de los partidos de oposición y secundado por los más impresentables de sus huestes, logra su anhelo de pasar a la historia. No lo hará como soñaba, junto a Hidalgo, Juárez, Madero o Cárdenas, sino como otro López, el seductor de la patria, que entregó la soberanía de más de medio país. Este, por atentar y dejar herida de muerte a la novel democracia.

Duele el México de hoy, pero más duele pensar que ante el retroceso a que nos lleva la miseria política, nuestros descendientes tendrán que rehacer un camino de luchas ciudadanas para recuperar lo que López Obrador nos ha robado.