Interponen Coahuila y Saltillo demandas a reformas federales en Comunicación

El Gobierno estatal apeló con una controversia constitucional contra el Congreso de la Unión la aprobación de la reforma a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Mientras el Gobierno estatal impugna la propuesta de reforma a la Ley General de Comunicación Social contra el Congreso federal, el Gobierno municipal presenta acciones legales contra el llamado Plan B de la reforma electoral ante la SCJN por la asignación presupuestaria

Ciudad de México.- Este viernes, dos controversias constitucionales fueron presentadas por los gobiernos de Coahuila y Saltillo ante las propuestas planteadas por el Gobierno federal para la aprobación del llamado Plan B o leyes secundarias de la reforma, así como también otra controversia ante los ajustes planteados a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el primer caso, el Estado de Coahuila de Zaragoza promovió una demanda de Controversia Constitucional en contra del Congreso de la Unión, a consecuencia de la aprobación, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto que reforma, adiciona y deroga algunas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esto quiere decir que el Gobierno estatal considera que se debe evitar la aplicación de los nuevos criterios planteados a esta ley, ya que considera que la reforma viola la soberanía presupuestal de la entidad y de los municipios, puesto que limita la asignación de presupuestos de Comunicación Social e Imagen al proponer que sólo se destine el 0.1 por ciento del presupuesto a contratación de publicidad oficial en medios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales.
“La reforma se traduce en una invasión de facultades que constitucionalmente, le corresponden de forma única y exclusiva a los poderes locales y no a la Federación, como lo es la aprobación del presupuesto de egresos por parte del Legislativo estatal”, señala el documento de impugnación presentado por el Estado coahuilense, que señala además que ya existe un presupuesto debidamente aprobado para 2023, que busca modificarse de forma indebida pese a “que se aprobó y se ejerce de forma transparente”.

BUSCA SALTILLO IMPEDIR MARCHA DE AJUSTES EN COMUNICACIÓN CON PLAN B ELECTORAL
A través de la Secretaría del Ayuntamiento, y por medio Dirección de Asuntos Jurídicos, el Gobierno Municipal de Saltillo presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra el Plan B de la Reforma Electoral, con lo que se puso en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada en diciembre de 2022.
Carlos Estrada Flores, secretario del Ayuntamiento, informó que el objetivo es que se declare no válido el Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos, e invade su autonomía.
El funcionario dijo que hasta antes de la reforma, la Ley General de Comunicación Social permitía la realización de campañas de salud, como la preventiva hecha desde el inicio de la contingencia por el Covid-19, además de la promoción de políticas públicas para la seguridad, o para incentivar el pago de los distintos impuestos municipales.

A DETALLE
*A través de la demanda, el Gobierno del Estado de Coahuila, pretende el restablecimiento del orden constitucional al estado previo a la reforma aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que “el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado”.
*Asimismo, el Gobierno de Saltillo presentó una demanda de controversia por el Plan B o leyes secundarias de la llamada Reforma Electoral, entre ellas que se declare no válido el Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que atenta contra la “libre administración de los recursos presupuestarios”. Esta demanda será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.