Indica estudio carencias de personal y recursos en la Fiscalía

Auditoría ciudadana coordinada por el IMCO señala además otras áreas a fortalecer en la justicia penal, como las investigaciones

Saltillo, Coah.- En un periodo de 4 años la Fiscalía General del Estado presentó diversas deficiencias en la integración de casos, entre las cuales se encontró carencias en los actos de investigación, en la promoción de la justicia alternativa, así como que la mitad de los casos se enviaron a archivo temporal sin una buena justificación.

Así se refleja en una auditoría ciudadana coordinada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para medir la calidad y el desempeño de la justicia penal.

Fue dado a conocer que en el estado, aún restan acciones para mejorar y eficientar la justicia luego que el IMCO evaluó de manera integral la forma en la que se administra la justicia penal en las agencias del ministerio público de todas las regiones del Estado de Coahuila.

Se destacó que los resultados del estudio son un reflejo de las debilidades institucionales de la administración de justicia penal a nivel local, que sigue sin dar respuesta efectiva y no ha logrado crear las capacidades para disminuir la impunidad.

Como ejemplo se identificaron cuatro temas principales en los cuales es necesario implementar medidas para mejorar el acceso a la justicia para la ciudadanía como en el rubro de capacidades y competencias para la ejecución del sistema de justicia penal, se observaron deficiencias en la investigación.

Además los recursos fueron insuficientes, pues una cuarta parte de los operadores de justicia consideran que requieren de mayores recursos materiales y de infraestructura para realizar sus funciones; también que el personal hasta ahora es insuficiente, por lo cual trabajan hasta 60 horas semanales.

Por otro lado, en el rubro de garantía, respeto y protección de los derechos humanos, indicó que se observaron bajos niveles de asesoría legal para víctimas y de representación legal activa para imputados.

“Únicamente en 3 de cada diez casos, la víctima contó con un asesor jurídico; en el caso de los imputados, si bien la mayoría cuentan con defensor, en solo la mitad de los casos son informados del desarrollo de su proceso”, dijo.

Por otro lado, en el contrapeso en las actuaciones de la Fiscalía, hay bajos niveles de revisión de las actuaciones de los operadores de justicia.

Por último en la resolución en las que puede concluir la etapa inicial de investigación donde se indicó que hay poca promoción de los mecanismos de justicia alternativa. Aun cuando son una opción rápida y económica, solo 14 por ciento de los casos se canalizó a uno de estos mecanismos.

“Los casos son concluidos sin justificación ni revisión del superior jerárquico. La mitad de los casos se enviaron al archivo temporal, y pocos tuvieron justificación legal. Además, de los que se enviaron al no ejercicio de la acción penal, solamente 3 por ciento contaron con autorización del superior jerárquico”, aseguró.