Incompleta reforma judicial si no evalúa a MP y Guardia Nacional

Marcela Guerra Castillo, diputada del PRI.

Encuesta señala que mayoría de los delitos no llegan ante los jueces

Ciudad de México – La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, argumentó que la reforma al Poder Judicial debe incluir una evaluación exhaustiva del papel desempeñado por policías civiles, la Guardia Nacional y los ministerios públicos. Guerra subrayó la necesidad de esta perspectiva durante su participación en el 15º Foro Regional y cierre del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, organizado por el Poder Judicial.

Guerra Castillo destacó que una agenda integral de seguridad y justicia es urgentemente necesaria para la nación. Esta debería asegurar los derechos humanos, fomentar una colaboración efectiva entre las autoridades y mejorar la confianza ciudadana en el sistema judicial. "Es fundamental asegurar un diálogo fluido entre todos los poderes para construir puentes de entendimiento", enfatizó la diputada.

Celebró la realización de foros tanto a nivel regional como federal, resaltando que son cruciales en el contexto de la discusión actual sobre la reforma del Poder Judicial. "Estoy segura que los resultados alcanzados en este ejercicio serán de gran utilidad para toda esta discusión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, y que servirá para construir una reforma integral a la altura del Estado mexicano", afirmó.

La presidenta destacó que la seguridad pública y la impartición de justicia son pilares esenciales de la democracia, interconectados y cruciales para mantener el Estado de derecho. La percepción de inseguridad en el país, reflejada en altos índices de impunidad y procesos judiciales complejos, requiere atención urgente. "El alto porcentaje de percepción de inseguridad trasciende al Sistema de Justicia cuando los delitos quedan impunes y cuando las víctimas no reciben una reparación justa al daño recibido", afirmó Guerra Castillo.

Durante su intervención, citó datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, que revelan que el 61% de la ciudadanía considera inseguro vivir en su ciudad debido a la delincuencia. Además, el 69% se siente inseguro en los cajeros automáticos, el 64% en el transporte público, el 54% en las carreteras y el 53% en los bancos. La cifra de delitos no denunciados alcanza el 92%, lo que agrava la impunidad.

La Encuesta sobre Percepciones de Impunidad 2023 refuerza la gravedad del problema, indicando que la mayoría de los entrevistados cree que los responsables de delitos rara vez son juzgados. Solo el 10% considera que los agentes del Ministerio Público investigan adecuadamente los delitos, el 9% cree que los policías no detienen a los delincuentes y el 11% opina que los jueces liberan con frecuencia a los criminales.

"Es relevante impulsar espacios de diálogo institucional para la reflexión, la evaluación y el diagnóstico del sistema de seguridad, la procuración e impartición de justicia", concluyó Guerra Castillo. Resaltó que el foro convocado por el Poder Judicial representa un ejercicio democrático necesario para formular propuestas concretas que beneficien a la ciudadanía.

Este llamado a la acción pone de manifiesto la necesidad de reformar el Poder Judicial de manera que incluya a todas las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, a fin de abordar de raíz los problemas de impunidad y garantizar un sistema de justicia eficiente y confiable.