Gestación subrogada genera millonarias ganancias, pero falta regulación

El alquiler de vientres está prohibido en Coahuila; en otras entidades se privilegian los derechos de los solicitantes, más que de las madres y los recién nacidos

Ciudad de México.- A nivel global, en 2018 se reportó que la industria de la maternidad subrogada obtuvo ganancias por seis mil millones de dólares y se proyectaba para 2025 incrementarse a 27 mil 500 millones de dólares; es decir, un crecimiento anual de 24.5 por ciento, antes de la pandemia, aseguró Eleane Proo Méndez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

La maestra en Comunicación explicó que mientras en Estados Unidos el costo promedio del procedimiento es de 150 mil dólares y a la gestante se le paga de 20 mil a 30 mil dólares, en México es de 90 mil dólares y se le dan de 9 mil a 10 mil.

En 2020, durante el encierro, muchas mujeres en Ucrania y en México se vieron atraídas a realizarla para aliviar algún apuro económico, abundó la especialista.

Las empresas de naciones desarrolladas demandan los servicios en países en desarrollo. Por ejemplo, hasta hace poco India era el sitio preferido, pero cuando limitó esta práctica a sus ciudadanos decidieron buscar gestantes en otras latitudes, comentó la investigadora.

A las mujeres, continuó, se les pide viajar a Estados Unidos (principalmente) donde se aprovechan de su vulnerabilidad, por depender económicamente de quien las contrata y estar alejadas de su entorno. Además, Tijuana es una localidad donde también buscan “vientres de alquiler” por ser una ciudad fronteriza, lo cual les facilita el acceso al vecino país del norte.
 
Según el Comité de Bioética de España la maternidad subrogada se considera cuando una mujer se presta a gestar; una vez nacido, el bebé es entregado a la persona o personas que lo encargaron. Existen al menos 11 modalidades; todas tienen en común la privación de la condición de madre a quien ha parido.

Proo Méndez dijo que en nuestro país hay pocos datos, pero se sabe que en Sinaloa se registraron al menos 26 nacimientos de este tipo de 2016 a 2019; y en Tabasco se contabiliza una cifra similar.

La universitaria enfatizó: hay que poner el ojo en que no es parte de una técnica de reproducción asistida; procesos como inseminación artificial o fertilización in vitro, sí lo son y todos deberíamos tener acceso a ellos.

La estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales ofreció la charla “Gestación subrogada / vientres en alquiler: Contexto y debate feminista en México”, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, como parte del Seminario Desigualdades y Disputas de Género desde el Campo Médico.

Durante el encuentro, reflexionó: “Necesitamos agilizar los procesos de adopción, porque son muy cansados y, de hecho, ese es uno de los discursos que más se ha manejado desde las familias homoparentales, que alegan que pueden pasar hasta seis años, y al final se les niega. Además, está el estigma de que si no son hijos o hijas propios ya tienen ‘ciertos genes’ o ‘costumbres’ y se tiene mucho miedo de adoptar a alguien que no tenga lazos sanguíneos”.

En México, legalmente, inició el tema en 1997 cuando Tabasco autorizó la subrogación y en 2013 lo hizo Sinaloa, especialmente para parejas casadas con imposibilidad médica. Está prohibida en Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. En la Ciudad de México hubo un proyecto en 2019, que se le conoció como “Ley de Reproducción Asistida”, resumió la docente de la FCPyS.

De 2002 a 2016, a nivel federal se ha intentado legislar el tema al menos 18 veces, y la SCJN se pronunció a favor del tópico en 2015. El problema, añadió, es que las iniciativas presentadas en nuestro país para regular este proceso apoyan a quienes contratan los servicios, luego se respeta a las empresas que intervienen, pero no se visualiza bien a las gestantes, de quienes sólo se considera que tienen derecho a un contrato.

De acuerdo con la especialista, aunque en algunas entidades de México se permite, favorece especialmente a quienes acceden a esta práctica, pero deja al último los derechos de las gestantes.