Es fundamental humanizar la política de migración

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Tener registro de las personas migrantes detenidas es el primer paso para prevenir que sean víctimas de tortura y desaparición forzada.

Ciudad de México.- Un registro de personas migrantes detenidas es el primer paso para prevenir que sean víctimas de tortura, desaparición forzada y tratos inhumanos, y para que familiares reclamen al gobierno mexicano el incumplimiento de sus derechos como libertad de tránsito, seguridad jurídica y debido proceso, afirmó Luis Xavier Carrancá, abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para personas refugiadas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX).

Explicó que la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena al Poder Legislativo reformar la Ley de Migración con el fin de crear este registro, es "una piedra fundamental para la humanización de la política migratoria de nuestro país", pues hasta ahora, estas personas no cuentan con ninguna protección legal dentro de territorio nacional.

El especialista en derechos de los migrantes destacó que la falta de este registro constituyó una “omisión legislativa”, pero gracias al amparo promovido en 2022 por la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la IBERO, y por el Servicio Jesuita a Refugiados, el Congreso de la Unión está obligado a crear este registro, el cual quedó pendiente desde 2019.

El pasado 27 de noviembre, recordó, ministros y ministras de la Segunda Sala de la SCJN resolvieron, conforme el proyecto de Alberto Pérez Dayán, que sí existió omisión legislativa, y ordenó la creación del registro. Luis María Aguilar, Javier Laynez y Pérez Dayán votaron a favor, mientras que Lenia Batres y Yasmín Esquivel, votaron en contra.

Estimó que el proceso para implementar la reforma para crear este registro de personas migrantes detenidas podría tardar hasta un año legislativo, porque el proyecto debe completarse y luego enviarse al juzgado de distrito que supervisará su cumplimiento y ordenará al Congreso de la Unión realizar los cambios en la Ley de Migración.

Acotó que, con el endurecimiento de las políticas migratorias, este sector poblacional se alejó de las instancias de seguridad con las que podía denunciar delitos como la extorsión, el secuestro, el reclutamiento forzado de la delincuencia organizada, amenazas y violaciones sexuales. Tan solo en 2024, 925 mil migrantes han sido detenidos en México.

Por esta situación, dijo, las personas migrantes detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), quedaban "en un limbo sin derechos", debido a que sus familiares dejaban de recibir cualquier información sobre su paradero, mientras atravesaban las rutas más peligrosas e inseguras del país, y las cooptadas por la delincuencia organizada, que sigue aprovechando esta vulnerabilidad.

Precisó que son personas que se ven obligadas a salir de sus países para poder sobrevivir y tener condiciones mínimamente dignas de vida, muchas terminan siendo víctimas de la delincuencia, desapareciendo y los familiares no saben qué pasó. Muchas de estas desapariciones son solo detenciones migratorias arbitrarias, prolongadas y sin comunicación ni defensa.

“Las detenciones migratorias se hacían en total opacidad, sin un registro de personas migrantes detenidas, sin defensa jurídica adecuada, aún si la Ley de Migración o la Constitución dicen que no puede haber una detención mayor de 36 horas. Si no hay un registro, no hay un control de los traslados”, aseveró.

Destacó que el registro lo que hace es asegurar que los datos de cada persona migrante sean públicos, para que sus familiares puedan consultarlos y puedan saber dónde fueron detenidos, a dónde han sido trasladados, si ya fueron liberados, y de esta forma, facilitar su defensa jurídica y la transparencia de las detenciones.

"La idea es proteger a todo aquel migrante que se encuentra bajo custodia. El primer paso para prevenir la tortura de las personas detenidas es contar con un registro y transparencia en las detenciones que permita defender a las personas.