Emplaza a consulta indígena para reforma judicial

Jaime Martínez Veloz tiene una cercana relación desde hace años con pueblos y comunidades indígenas.

Advierte Martínez Veloz de amparos contra el procedimiento legislativo si la necesaria reforma no es inclusiva

El presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte, Jaime Martínez Veloz, ha criticado duramente la propuesta de reforma judicial en México, calificándola como autoritaria y falta de consulta a las comunidades indígenas del país. En su reciente artículo, Martínez Veloz destaca la pluriculturalidad de México, sustentada en más de 15 millones de personas indígenas que hablan alrededor de 60 lenguas y poseen una quinta parte del territorio nacional.

Martínez Veloz subraya la importancia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, una lucha que se ha extendido a nivel internacional con la promulgación de leyes, tratados y jurisprudencias. Entre los hitos más relevantes, menciona la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, que obliga al gobierno mexicano a desarrollar mecanismos para proteger los derechos indígenas con su participación.

El artículo recuerda el levantamiento del Ejército Zapatista en 1994 y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, donde se pactaron importantes avances en la defensa de los derechos humanos indígenas, aunque señala que estos acuerdos fueron incumplidos por el gobierno de Ernesto Zedillo.

En 2011, México realizó una reforma constitucional que otorgó rango constitucional a los tratados internacionales, obligando al Estado a armonizar las leyes nacionales con las normas internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, Martínez Veloz denuncia que la nueva reforma al Poder Judicial, impulsada por el Poder Ejecutivo, se aprobará sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, violando así los artículos 1° y 133° de la Constitución.

El autor cita el artículo 1° de la Constitución, que obliga al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, menciona el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que exige consultas de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar medidas que los afecten.

Martínez Veloz advierte que la falta de consulta previa podría legitimar intervenciones arbitrarias del gobierno que despojan a las comunidades indígenas de tierras, agua y otros recursos. El Poder Judicial, históricamente un baluarte contra estas arbitrariedades, se vería debilitado, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo.

El artículo concluye señalando que las comunidades indígenas y afromexicanas tienen la capacidad de ejercer recursos jurídicos contra esta reforma. Aunque no proceda un amparo contra una reforma constitucional, sí es viable un amparo indirecto contra el proceso legislativo por no haber realizado una consulta adecuada. También menciona la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre y cuando se agoten los recursos judiciales nacionales.

Jaime Martínez Veloz llama al Presidente de la República y al Poder Legislativo a no sorprenderse cuando se inicien estos juicios, ya que la reforma carece de legalidad y, aunque necesaria, debe hacerse de forma inclusiva y respetando las leyes y tratados internacionales.