CFE: Nuevos contratos con los mismos viejos vicios

Las carboeléctricas de CFE en Nava para operar a su capacidad de generación requieren como mínimo 8 millones de toneladas anuales de carbón, la paraestatal ha abierto un proceso para comprar dos millones en tres años.

Empresas “fantasma” o prestanombres para minas que no existen

Sabinas, Coah.- “Adquirir poco más de 2 millones de toneladas de carbón para tres años, cuando la operación de las dos plantas de la CFE en Nava requieren como mínimo 8 millones de toneladas anuales, es realmente una vacilada”, sentenció el ingeniero Sóstenes Guerrero, quien en los inicios de la década de los 80 participó en la instalación de lo que hoy es la generadora José López Portillo, conocida en su tiempo como Carbón I.

Indicó que tanto esa planta como Carbón II “fueron diseñadas específicamente para usar el energético de la cuenca norte, denominado térmico o de flama larga, y por la estupidez de haber hecho cerrar MICARE, que lo producía, ahora las mantienen a mínima generación, con carbón metalúrgico no apto, que mezclan con diesel para aumentar su poder calórico, pero realmente están deteriorando los equipos y adelantan la muerte del sistema”.

Coincidió además con geólogos como Manuel de Jesús Aguilar y productores locales, en el sentido de que en el listado de las empresas preasignadas por la Comisión Federal de Electricidad como proveedoras, una gran mayoría son completamente desconocidas en la zona y probablemente no tienen realmente minas, por lo cual encubren el coyotaje que tradicionalmente ha generado empleos precarios, inseguridad y mortales accidentes.

“Al revisar las dos listas salta a la vista que hay empresas inventadas, encubiertas con prestanombres, y otras que las propias autoridades de la Secretaría del Trabajo, de Economía o de Medio Ambiente marcaron en el pasado como inconvenientes, por incumplimiento de normas y alta inseguridad”, expresó un empresario minero que abastece a otras industrias y se ha mantenido al margen de optar a contratos de la CFE.

El pasado año, a raíz del accidente en una cueva carbonera operada por la empresa Micarán, en que fallecieron 7 trabajadores, hubo múltiples denuncias de que la asignación de contratos de la CFE, concentrados en empresas de la familia Flores, relacionadas con ellos o encubiertas bajo prestanombres, tuvieron como fin real financiar la campaña electoral de la actual alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.

“Por la nebulosidad de la operación de compra que presenta ahora la Comisión, con empresas que nadie conoce o por sus antecedentes de riesgo deberían ser vetadas, todo hace suponer que el fondo tiene un objetivo similar, financiamiento regional para las próximas campañas de Morena”, observó un empresario que a su vez es dirigente de un partido opositor.

“O están dispuestos a seguir recibiendo tierra y lamas en vez de carbón, como lo han venido haciendo desde la pasada compra, o van a generar nuevamente la proliferación de pozos esclavizantes y sin las mínimas condiciones de seguridad para los trabajadores, que se ven obligados por el hambre”, agregó.

Se refrendan sus señalamientos al cotejar el listado de empresas preasignadas con el informe de una revisión solicitada en el pasado por la propia CFE al Servicio Geológico Mexicano, trabajo de investigación del que se deduce que solo 14 de las 35 supuestas minas invitadas realmente existían y tenían alguna posibilidad de surtir carbón, al margen de corroborar calidad del mineral y condiciones de seguridad en el trabajo.

“Ante los problemas económicos de la Región Carbonífera, donde muchas familias están en situación de subsistencia, estas asignaciones son como gota de agua en el desierto, no resuelven nada y generan nuevos riesgos y más corrupción por el coyotaje de quienes no tienen carbón y subexplotarán a trabajadores de otros yacimientos, pero les sirven para vestirse políticamente”, asentó.

Como él, varios productores consultados rechazaron hablar o exigieron mantener en reserva sus nombres, dado que opiniones de censura vertidas en anteriores ocasiones se tradujeron posteriormente en amenazas, presiones fiscales y hasta sanciones ilegales en venganza, principalmente por parte de la alcaldesa Flores Guerra y su hermano Antonio.

Sin embargo todos, y experimentados técnicos mineros con ellos, coincidieron en que la supuesta “motivación social” del Gobierno Federal al activar pedidos a través de la CFE se traduce en una nueva operación turbia, que conlleva los mismos vicios de corrupción de los anteriores y los acrecienta.