Caduca protección a víctimas de violencia; acusan dilación de autoridades

Las víctimas no logran ver sus denuncias procesadas por las autoridades judiciales, por lo que se vence su protección y quedan vulnerables a más agresiones.

Advierte la Asociación Luz y Esperanza en Saltillo que las medidas para apoyar a mujeres víctimas de violencia de género vencen antes de que sus denuncias se conviertan en procesos judiciales

Saltillo, Coah.- Ante la dilación en las investigaciones de los casos de violencia contra mujeres, las medidas de protección caducan antes de que se judicialicen los casos, lo que provoca que las víctimas estén expuestas y vulnerables, para de nueva cuenta, ser violentadas.

De acuerdo con Rosa María Salazar, directora de la Asociación Luz y Esperanza en Saltillo, los ministerios públicos continúan fallando en la integración de las denuncias por violencia contra las mujeres, lo que consideró una situación lamentable que vulnera a quienes ya fueron víctimas de violencia de género o familiar.

Indicó que las denuncias no avanzan como deberían, ante la mala integración de las carpetas de indagación, pues éstas se dilatan varios meses, debido a que no se apegan a la norma.

“Cuando una mujer llega a denunciar, recibe la denuncia, integra la carpeta con lo que se denuncia, además con la opinión de una psicológica y testimoniales”, explicó Salazar, quien indicó que este proceso de solicitar la opinión y contactar testigos, a veces tarda hasta dos meses, que es lo que duran las mujeres en el refugio.

“No hay una agilidad, sin embargo, la sentencia del caso del campo algodonero, dictada hace años, señala que los casos deben de indagarse con toda diligencia, es decir prontitud y apego a las normas, pero no es así”, dijo la directora de la Asociación Luz y Esperanza.

Rosa María Salazar indicó que al principio de los casos que se atienden en el refugio, hubo rapidez en la integración de las denuncias. No obstante, lamentó que actualmente se encuentran “atoradas” varias investigaciones por parte de las autoridades.

“Las que tenemos no han avanzado y todo debe tener una lógica, pues la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, dice que quienes denuncien, al llegar al Ministerio Público, se le debe de dar una orden de restricción de 60 días y si es posible otra más de 30”, dijo.

Explicó que esto se hace con el objetivo de que en este tiempo indague y solicite al juez una audiencia para que esta medida cambie y establezcan medidas cautelares, pero hasta por seis meses.

Dijo que los ministerios públicos se atrasan en la indagación de los casos, por lo cual las ordenes de 60 días caducan sin que se judicialicen.