Aprueba Senado duplicar penas a profesionistas que atiendan a menores y abusen de ellos

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El proyecto plantea garantizar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en un entorno libre de violencia.

Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó una minuta para duplicar las penas que sancionan el abuso sexual contra menores, cuando este delito sea cometido por algún profesionista que se desempeñe al servicio de niñas, niños y adolescentes.

En el dictamen avalado con 69 votos, se indica que las reformas, que tienen su origen en el Senado, fueron aprobadas y enviadas a la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre de 2019.

Sin embargo, la colegisladora realizó modificaciones al proyecto que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, las cuales se encuentran encaminadas a garantizar una pena mayor para quienes tengan la responsabilidad de estar a cargo de una niña, niño o adolescente y abuse del menor.

La propuesta enviada al Ejecutivo Federal también plantea que se constituya una instancia multidisciplinaria que establezca mecanismos para el caso de violencia sexual, así como de cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite o detecte en los centros educativos.

Las y los senadores señalaron que las reformas buscan salvaguardar el desarrollo de las infancias en un entorno libre de violencia en todas sus formas, incluso de los abusos de índole sexual.

Posteriormente, el Pleno aprobó con 68 votos, un dictamen que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que cualquier delito cometido en contra de personas menores de edad, el Ministerio Público deba aplicar las medidas urgentes de protección especial, para garantizar su interés superior, la prevalencia de sus derechos y su protección integral.

Las reformas, enviadas a la Cámara de Diputados, tienen el objetivo de salvaguardar de manera inmediata la vida de las y los afectados, así como el interés superior de las víctimas y ofendidos.

Finalmente, las y los senadores aprobaron con 67 votos, reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para incorporar a la movilidad al catálogo de derechos de las infancias, así como las acciones que garanticen la protección a su vida e integridad física a través de un enfoque de sistemas viales seguros.

En el dictamen remitido a la Cámara de Diputados, se precisa que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, se les deberá garantizar el traslado por vías públicas del país, a través de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves.

De este modo, la Federación, estados, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México deberán llevar a cabo, entre otras, acciones para tener entornos escolares seguros; infraestructura urbana con características y necesidades específicas para este sector de la población.

Además de limitar velocidad de vehículos en dichos entornos; crear espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas seguras.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, expresó que las reformas buscan garantizar y proteger el normal desarrollo físico y emocional de los menores, así como castigar todo abuso y violencia en contra de este sector de la población, pues ello puede generar la “destrucción de sus vidas y alteraciones a nivel emocional y físico”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña dijo que la protección de las infancias es un deber fundamental de la sociedad, por eso, cuando un profesionista tenga a su cargo un menor y cometa abuso sexual debe enfrentar consecuencias proporcionales a su conducta.

Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PRI, señaló que los accidentes viales representan la segunda causa de muerte de niñas, niños y jóvenes, de cinco a 29 años, y que cada 24 segundos una persona muere en nuestro país a causa de un siniestro vial, por ello dijo que es fundamental garantizar espacios seguros para la movilidad de los menores de edad.