¡AL HUESO!

Acereros y mineros, al voladero

Al concretarse la inminente quiebra, en la etapa final de la agonía de AHMSA, obreros, empleados y proveedores resultarán los principales perjudicados. Verán canceladas las esperanzas de cumplimiento de sus derechos y evaporados los pagos que en justicia les corresponderían.

“En tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario”. George Orwell.

Los directivos de Argentem Creek Partners, grupo que hoy detenta la propiedad de Altos Hornos de México y fracasó en reunir la inversión necesaria para su reactivación, busca calmar a trabajadores y acreedores, para lo cual al inevitable desastre de una inminente declaratoria de quiebra lo quieren disfrazar con el eufemismo de “liquidación ordenada”.

Es posible calificarlos cuando menos de ingenuos, dado que al buscar la calma ocultando la verdad solo alimentan combustible al incendio que no evitarán.

Será porque empleados y obreros, como los acreedores menores, proveedores realmente, resultarán los más burlados y dañados por una oculta estrategia de los nuevos dueños, que tratan de salvar en su beneficio parte del navío en naufragio, a semanas de desaparecer tragado por la crisis que inició López Obrador en mayo de 2019.

Establece la Ley, al no haber resultado ninguna propuesta viable que garantice la reactivación de AHMSA y sus subsidiarias mineras, a más tardar el próximo 4 de agosto el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles -a cargo de Ruth Haggi Huerta- debe dar paso a la declaratoria de quiebra.

Inmediatamente después, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles designará al responsable de tomar la administración de lo que queda de AHMSA y sus empresas, para proceder a una liquidación mediante subasta. A menos que ponga tierra de por medio, el nombramiento seguramente recaerá en Víctor Manuel Aguilera, actual conciliador de AHMSA y síndico de Minera del Norte.

En ese momento comenzará a correr el no menos largo capítulo final de la maratónica telenovela sobre el viacrucis en siderúrgicas y minas, que tendrá a los trabajadores y extrabajadores -empleados y obreros- como ofrenda a la “transformación”. 

Largo, porque será una senda llena de escollos políticos y legales, partiendo del hecho de que el síndico designado tendrá que resolver el ingreso a instalaciones de la empresa que carecen de energía y tienen accesos tomados por afines al intragable Napoleón Gómez Urrutia, quien involuntariamente -de paso- impidió los negocios con la venta de materiales pretendidos por los dos nuevos directivos y vivales que los acompañan.    

Esa “liquidación ordenada” que pretende Argentem es realmente una “ley del embudo”, con lo más ancho para ellos y lo más estrecho para trabajadores y proveedores.

La intención de Chapman y los suyos, como se planteó anteriormente, es eludir a través de la quiebra su propio y cacareado compromiso de aportar mil 700 millones de dólares para pagar pasivos laborales y financieros. Luego, lograr en una subasta privilegiada -si la juez lo permite- rematar al menor precio posible el horno eléctrico, unidades de laminación como las plantas Steckel y Normalizado, además de los equipos de apoyo requeridos, para con ellos crear una mini-acería, de nombre distinto, libre de pasivos laborales y adeudos, sin la carga de minas de fierro y carbón. Tras eso han venido cabildeando soterradamente.

Si lo logran, habrán rescatado al menos parte de la propiedad de AHMSA que detentan, pero en cambio trabajadores y acreedores entrarán en un fangoso proceso judicial para, en el mejor de los casos, recuperar años más tarde una miseria de sus derechos y deudas.

Con equipos e instalaciones en deterioro tras año y medio de paro de actividades, falta de mantenimiento, conflictos sindicales, los bloqueos y continuos robos -en que por complicidad o directamente están involucrados distintos agentes policiales-, la oferta de potenciales interesados por el resto -si los hubiera- será a valor mínimo.

Terminarán como vestigios mineros las unidades productoras de fierro, principalmente Hércules, la mayor, para cuya agonía aportó su granito de arena la Fiscalía General del Estado. Lo mismo sucederá con buena parte de las productoras de carbón, con la eventual posibilidad de que, ya sin Bartlett, algún osado o el corrupto Antonio Flores y sus secuaces apuesten a aprovechar lo que queda de reservas de carbón de verdad en MICARE.

En resumen, como se señaló con anterioridad, lo que se recaude no alcanzará siquiera para pasar de color rojo a rosa en el abultado listado de pasivos laborales y financieros. 

En el caso de una quiebra, en su artículo 123 la Constitución General de la República marca prelación para los derechos de cobro de los trabajadores. Suena muy bonito, aunque estamos en una etapa país donde se ha vuelto deporte nacional violar la Carta Magna, desde el Presidente hacia abajo. Y hay muchos otros peros.

El primero, que los posibles montos de cobro distan abismalmente de las cifras en las mentes de obreros y empleados, porque la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 436 que, al terminar la relación laboral por quiebra, “los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario”- Eso, más una prima de 12 días por año de antigüedad si tienen más de 15 años de servicio, como señala el artículo 162.

Así, quedan fuera todos los derechos establecidos en los contratos colectivos de trabajo o en los beneficios garantizados por la empresa para los trabajadores de confianza. Además, como ha sido usual, harán perdedizos los salarios no pagados durante el tiempo en que, a partir del paro y hasta desde sus casas, muchos empleados continuaron labores sin recibir remuneración. Lo mismo con los convenios de liquidación por pensión y retiro anteriores o posteriores a la suspensión de actividades. 

Además, los tiempos. A partir de la inminente declaratoria de quiebra, el proceso de descripción de bienes y propiedades, como su valuación, la estructuración de una subasta global o por paquetes, las autorizaciones de la juez y del Instituto, más la concreción de las adjudicaciones, llevará cuando menos meses.

Se sumarán al pantano los siempre lentos procesos mercantiles, con amparos de por medio, ya que más de uno de los acreedores -garantizados o no- buscarán recursos legales para pelear en tribunales su derecho a cobrar, incluso por delante de los trabajadores. Finalmente debería imperar el mandato constitucional, pero pasarán otros meses y hasta años, como cabe volver a recordar los casos de Mexicana, Luz y Fuerza y ahora Interjet.

Muchos ya no estarán para recibir una ínfima parte de lo que esperaban y merecían.

Frente a esta nube negra que ensombrece un futuro ya muy próximo, sorprende particularmente la actitud pusilánime de los dirigentes sindicales, que con Ismael Leija a la cabeza se han tragado el dulce envenenado de una “liquidación ordenada”, cuando deberían estar explicando a “la raza” la grave verdad y diseñando estrategias para sacar lo mejor librados posible a sus representados.

Sorprende también que en los pasados comicios no pocas de las víctimas hayan apoyado a López Obrador y votado por Morena, sus victimarios.